A 10 años del 11-M-99

El Presidente ecuatoriano Jamil Mahuad, mediante Decreto Ejecutivo No. 681 del 9 de Marzo de 1999, publicado en el R. O. 148 del 15 de Marzo de 1999, declaró el Estado de Emergencia Nacional; y con el Decreto Ejecutivo No. 685 del 11 de marzo de 1999, publicado en el R. O. Nº 149, del 16 de marzo de 1999, declaró en estado de movilización a las instituciones financieras nacionales públicas y privadas, sus entidades “off shore”, a las sucursales y agencias de las instituciones financieras extranjeras que operan en el Ecuador, a las compañías administradoras de fondos, las de arrendamiento mercantil, fideicomisos mercantiles y las emisoras y administradores de tarjetas de crédito; así como a las personas naturales o jurídicas que mantenían a esa fecha deudas o créditos con ellas.

El Tribunal Constitucional ecuatoriano con la Resolución No. 078-99-TP de 8 de noviembre de 1999, publicada en el Suplemento del R. O. No. 346 de 24 de diciembre del 1999, declaró la inconstitucionalidad, por el fondo y por la forma, y suspendió totalmente los efectos del Decreto Ejecutivo Nº 685.

El 14 noviembre del 2000, la Demanda de Amparo Constitucional No. 745-A-2000, que presenté contra la AGD fue calificada de clara, completa y precisa, aceptándosela al trámite respectivo, pero posteriormente el juez se excusó de tramitarla bajo el argumento pueril de que él también era cliente del Banco del Progreso, por lo que la Demanda fue enviada al Tribunal Constitucional.

El 19 de diciembre del 2001, MÁS DE UN AÑO DESPUES, la Tercera Sala del Tribunal Constitucional emitió la Resolución Nº 293-2001-RA que fue publicada en el R. O. No. 492, del 11 de enero del 2002, donde establece: En la causa seguida con el No. 293-2001-RA que contiene la acción de amparo interpuesta por el señor Nicolás Pacifico Brito Grandes y otros en contra del Gerente General de la AGD, Administrador Temporal del Banco del Progreso en saneamiento y Procurador General del Estado, una vez analizados los argumentos expuestos por el Juez Segundo de lo Civil de Guayaquil, mediante providencia de 14 de diciembre del 2000; en la que se excusa de conocer la acción de amparo planteada por ser beneficiario de certificados de pasivos garantizados del Banco del Progreso, al respecto, la Tercera Sala atento a lo dispuesto en los artículos 95, inciso cuarto de la Constitución Política del Estado y 47, incisos primero y tercero de la Ley de Control Constitucional, y por considerar que la argumentación del Juez no es motivo de excusa, pues no hay interés directo ni conexión de tipo alguno con los demandados, dispone que se devuelva el expediente al Juez de instancia, conminándole que resuelva inmediatamente, pues se ha dilatado la solución del amparo planteado, lo cual desvirtúa la esencia del mismo.

La Ley de Control Constitucional determina: En el artículo 49 “En el mismo día en que se plantee el recurso de amparo, el juez o tribunal, convocará por una sola vez y mediante comunicación escrita, a las partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse dentro de las 24 horas subsiguientes, sin perjuicio de ordenar simultáneamente, de considerarse necesario, la suspensión de cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos protegidos”. En el artículo 51 “Dentro de las 48 horas siguientes a la conclusión de la audiencia el juez o tribunal concederá o negará el amparo. De admitirlo ordenará la suspensión definitiva del acto u omisión impugnados disponiendo la ejecución inmediata de todas las medidas que considere necesarias para remediar el daño o evitar el peligro sobre el derecho violado, sin perjuicio de las que se hayan adoptado en forma preventiva. De negarse el recurso se revocarán tanto la suspensión provisional del acto u omisión impugnados, como de las medidas preventivas, de habérselas dictado. La resolución será inmediatamente notificada a las partes”.

De los hechos expuestos es fácil deducir que las Autoridades Judiciales ecuatorianas nunca cumplieron los plazos para el tratamiento del Amparo Constitucional con el que pretendí vanamente de que se respeten mis Derechos Fundamentales lo que constituye otro atropello a mis Derechos.

El 11 de marzo del 2004, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, presenté una DENUNCIA contra el estado ecuatoriano por la confiscación de mis ahorros. Llegué a dicha instancia luego de haber agotado los recursos legales en Ecuador.

“Es claro entonces que la ingenua y temeraria dolarización unilateral ecuatoriana no tiene nada que ver con una unión monetaria, y que constituye un absurdo económico y geopolítico”.
“La dolarización unilateral ecuatoriana sencillamente es inviable en el mediano y largo plazo”.
Rafael Correa Delgado
http://www.rafaelcorrea.com/docs/Una_Moneda_Andina_Marzo_29_del_2004_IV.pdf

Me pregunto:
¿Los ahorros en dólares en los bancos abiertos en qué moneda serán pagados?
¿A los burócratas con qué moneda se les pagará?
Nicolás Brito Grandes

El Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Monetario y Banco Central del Ecuador lo podrá leer en: http://www.hoy.com.ec/wp-content/uploads/2009/01/reforma-ley-regimen-monetario.html

Ley Monetaria está en manos del BCE
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/ley-monetaria-esta-en-manos-del-bce-328990.html
Publicado el 16/Enero/2009 | 00:02
Gobierno asegura que “el país no dejará la dolarización en 2009″

El ministro de coordinador de la Política Económica, Diego Borja, no negó la existencia del borrador del proyecto de Ley de Régimen Monetario, que fue elaborado por un equipo técnico del Gobierno y que está siendo analizado por el Directorio del Banco Central del Ecuador (BCE), según confirmó a HOY el vocal del organismo, Luís Rosero.
Borja, sin embargo, dejó en claro que el Ejecutivo “no tiene la intención de sacar al país de la dolarización, durante 2009″, aunque no definió cuál será el futuro, luego de este año.
El funcionario dijo que debería ser el BCE quién explique sobre la existencia del documento. Este Diario intentó comunicarse con el presidente de la entidad, Carlos Vallejo, pero este no respondió.
El documento, al que tuvo acceso este Diario, devolvería al BCE la potestad de emitir una moneda, paralela a la existencia del dólar. (APB-GC)

Hora GMT: 16/Enero/2009 – 05:02

Los científicos han concluido que inexorablemente primero fue el huevo, esto porque el ADN de un ser vivo solamente puede ser modificado antes del nacimiento, por lo tanto la primera gallina – o gallo – nació de algún ave que puso un huevo con la mutación correspondiente, esto es que ya era gallina cuando estaba en condición de huevo, pero era diferente que sus padres ya que estos habían mutado.

En Ecuador estamos en un proceso “revolucionario” por lo que nos estamos replanteando muchas cosas y no podía ser la excepción este antiguo dilema, que inclusive puso a pensar a Aristóteles.

La Constitución Revolucionaria en su artículo 226 ordena que “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley…”. Y no puede ser de otra manera, la ley es la que establece el nacimiento, funcionamiento y extinción de las instituciones públicas; en el caso del dilema presentado al inicio de este comentario, la ley viene a ser una suerte de mutación que propicia la modificación de un ser existente y que le permite poner un huevo del que nacerá un ser diferente.

Pero la Revolución Ciudadana ha creado una Corte Nacional de Justicia, en reemplazo de la Corte Suprema de Justicia, cuando todavía NO existe la ley que determina su creación y funcionamiento.

La Ley que dio vida y determinaba el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia no se puede aplicar a la Corte Nacional de Justicia, porque este nuevo ente público tiene atribuciones y nombre diferentes, por lo que es otra institución.

Si Usted pensó que los nuevos jueces son vagos porque se fueron de vacaciones cuando apenas se instalaron, se equivocó, no es que sean vagos, sino que no pueden ejercer sus cargos porque los Revolucionarios del Congresillo todavía no han creado la LEY que da vida a esta Corte Nacional de Justicia.

¿La ley que determina la competencia y jurisdicción de la Corte Nacional de Justicia no existe, entonces cómo puede existir esta Corte?

La respuesta se la deduce luego de leer el segundo inciso del artículo número uno de la Constitución Revolucionaria “La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución”.

Legalmente NO existe la Corte Nacional de Justicia, porque todavía no existe la ley que le da vida, esta es una Corte Troyana – lo digo en referencia a los “gusanos troyanos” esos virus que llegan a la computadoras sin ser solicitados y crean confusión – que dice mucho de la idiosincrasia de los ecuatorianos.

UNO. Los deudores de los bancos administrados por la AGD pagaron un valor o precio por el dinero que recibieron en calidad de préstamos.

En el pronunciamiento emitido en el Oficio N0 21304 de 10 de enero del 2002, la Procuraduría General del Estado expresó: Que el pago de los saldos de depósitos garantizados se debe efectuar con los correspondientes intereses, desde el 13 de marzo del 2000, sin distinguir si los saldos de los depósitos garantizados estuvieron o no percibiendo interés a la fecha de saneamiento. Y que la tasa de interés aplicable será la determinada por el Directorio del Banco Central del Ecuador.

La ley de la AGD dispone que para Liquidar un Banco en Saneamiento, primero se deben devolver todas sus acreencias, y el Código Civil establece que el INTERÉS es parte de la deuda, por lo tanto la liquidación de los bancos cerrados es ilegal y arbitraria.

El interés que genera un dinero le pertenece al dueño del dinero y no a quien lo administra, el administrador sólo se gana un porcentaje por su gestión. El presidente Rafael Correa conoce este asunto y estuvo de acuerdo cuando, como candidato, le plantee la posibilidad de que en su gobierno nos paguen los intereses. Pero parece que como ya ganó la presidencia no le importa el asunto.

DOS. Antes del 11 de marzo de 1999, fecha en que se confiscaron los ahorros mediante el Decreto Ejecutivo No. 685, cualquier ciudadano tenía libertad para decidir si sus ahorros los guardaba en sucres o en dólares, era su riesgo, dependiendo de la opción que escogiera podía ganar o perder; pero, al inmovilizar los ahorros se negó a la ciudadanía la posibilidad de elegir el tipo de moneda en que contrataría los depósitos.

El 11 de marzo de 1999 la cotización promedio del dólar era de 10 mil sucres, sin embargo la devolución del dinero retenido, el Gobierno la realizó a una cotización de 25 mil sucres por dólar. La DOLARIZACIÓN debió realizársela a la cotización del dólar de marzo de 1999, no se lo hizo, para robarle a cada ahorrista 15 mil sucres por cada dólar que el gobierno devolvió. Esto es lo que se conoce como el Diferencial Cambiario, aquí está el grueso del robo.

CONCLUSIÓN: El Dr. Jamil Mahuad, en calidad de presidente de la República y a nombre del Estado, inmovilizó y confiscó los ahorros de cientos de miles de ecuatorianos que habían contratado sus depósitos al amparo de la ley y bajo la garantía de la AGD. Una vez que nadie podía disponer de su propiedad, esperó que la cotización del dólar llegue hasta los 25 mil sucres para ordenar la devolución del capital, más no de los intereses que ya habían cobrado a los deudores. Lo descrito es ilegal, constituye un delito penal y contraría lo señalado por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en noviembre de 1969, que en su artículo 21 numeral 2, garantiza que “Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley”.

- En shui del feng, cristal se ha tratado como una piedra importante (piedra de poder).

Esperemos a ver cómo termina.

Saludos.